Claves de la nueva Ley de Movilidad Sostenible: así afecta a las empresas en Canarias
La nueva Ley de Movilidad Sostenible se encuentra en vigor desde el pasado 5 de diciembre de 2025 y trae de la mano un verdadero cambio de paradigma en materia de transporte, generando nuevos derechos y obligaciones en este área -también para las empresas privadas-, así como nuevas oportunidades para inversores y empresas del sector.
El objetivo de esta norma es facilitar la movilidad del conjunto de la sociedad, con especial hincapié en los colectivos más vulnerables y poniendo el foco en la sostenibilidad. Repasamos sus claves y ponemos a tu disposición a nuestro equipo de abogados si necesitas ayuda legal en la gestión de proyectos empresariales de esta o cualquier otra naturaleza en Canarias.
Nuevo derecho a la movilidad
La movilidad se convierte en un derecho reconocido gracias a esta Ley, calificándolo como «herramienta indispensable» para el ejercicio de otros derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación, a la educación, al trabajo, a la protección de la salud o a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
El texto insta directamente a las administraciones públicas a facilitar la consecución del derecho a la movilidad para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una nueva obligación para las empresas y una oportunidad para innovar
La nueva Ley de Movilidad Sostenible conllevará necesariamente la puesta en marcha nuevas estrategias y proyectos de desarrollo que pondrán el foco en un sistema de transporte multimodal, seguro, sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado, a un coste razonable para el usuario y el conjunto de la sociedad, así como adaptado al entorno y a las necesidades de movilidad de cada momento.
Además, la norma pone el foco en el transporte de mercancías y contempla la necesidad de facilitar la existencia de un sistema de transportes multimodal de mercancías y logística eficiente, sostenible y resiliente. En la misma línea, otro punto clave de la ley consiste «impulsar la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad que permita contribuir a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.»
En conjunto, la Ley de Movilidad insta a empresas, administraciones y operadores de transporte a alinearse para alcanzar objetivos que giran en torno a la sostenibilidad, la eficiencia, la inclusividad y la accesibilidad.
Las empresas deberán diseñar un plan de movilidad sostenible al trabajo
Sin duda uno de los elementos clave para mejorar la movilidad consiste en reducirla a aquellos casos en que sea imprescindible, y esto afecta de lleno a la movilidad en el trabajo. Impulsar soluciones de trabajo a distancia supone ventajas en todos los sentidos y por eso la nueva Ley de Movilidad incide en la necesidad de seguir trabajando en esta línea para reducir desplazamientos y costes económicos y medioambientales evitables.
La Ley incluye la necesidad de que las grandes empresas y entidades públicas diseñen un plan de movilidad sostenible al trabajo, un plan que deberá incluir soluciones de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, «el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones» o «el teletrabajo en los casos en los que sea posible».
La elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo se convierte en una nueva obligación para las grandes empresas, pero también en una oportunidad para liderar el cambio y modernizar la gestión de recursos humanos, así como ahorrar costes y promover una gestión más eficiente y actual de este área.
También se contempla que los planes de movilidad sostenible al trabajo sean objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.
La ley se dirige directamente a determinados sectores, incluyendo a las empresas públicas y a las privadas de determinado tamaño, apelando a su impacto y a su responsabilidad en este área. Entre otras cosas, obliga tanto a empresas como a entidades del sector público a disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro de trabajo habitual sea dicho centro de actividad, y marca un plazo de 24 meses para cumplir con esta nueva obligación.
Ofrecer soluciones de movilidad sostenible en el marco de la empresa se convertirá en un factor clave para mejorar su imagen de marca y atraer contratos públicos y capital inversor.
Requisitos verdes’ en la contratación pública y un Fondo Estatal para costes y proyectos de inversión
La Ley de Movilidad Sostenible acude a una de las mejores técnicas para impulsar la asunción de su contenido por parte de las empresas privadas: instando a las administraciones públicas a imponer ‘requisitos verdes’ para el acceso a licitaciones. Cumplir con determinados requisitos auditables en materia de gestión energética y ambiental se convierte así en una posible ventaja competitiva para el sector privado a la hora de relacionarse con el sector público.
En concreto, la Ley dice que «las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la introducción de requisitos ambientales, energéticos, de seguridad vial y acústicos en la licitación de contratos de servicios o de concesión de servicios de transporte por carretera, ferroviario, aéreo y marítimo, así como en los tráficos, rutas o líneas que sean de utilidad pública o interés social» (artículo 38).
Por último, la Ley conlleva la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) para costes operativos y proyectos de inversión urbanos e interurbanos. Sus destinatarios serán los municipios que cumplan con determinados requisitos, que podrán utilizar estos fondos para cubrir costes operativos directamente relacionados con la prestación del servicio, así como para sufragar proyectos de inversión. Se priorizarán, en cualquier caso, los proyectos con mejor retorno social, ambiental y económico.
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