¿Es legal la vuelta de Uber a España?

¿Es legal la vuelta de Uber a España?

No es la primera vez que hablamos en nuestro blog sobre los retos que supone la economía colaborativa y las nuevas formas de negocio a través de Internet. Cada vez proliferan más negocios con base digital, sin sede física y desarrollados a través de aplicaciones móviles y páginas web en las que conseguir todo tipo de servicios a golpe de clic. Pero ¿qué ocurre cuando esos modelos de negocio se basan en principios como compartir gastos o obtener cierta rentabilidad extra del alquiler de esos bienes que tenemos y de los que no disfrutamos todo el tiempo? ¿Qué ocurre con la fiscalidad de estos servicios? ¿Es justo que los usuarios no paguen impuestos por ellos y que se generen casos de competencia desleal? ¿Debe tributar o convertirse en profesional quien ejercita este tipo de actividades de forma esporádica? Hoy hablamos sobre el caso de Uber, plataforma que fue ilegalizada hace más de un año y que hace pocos días ha vuelto a operar en España bajo una nueva fórmula.

Para entender la expulsión de Uber hay que tener en cuenta cómo funciona la plataforma: ésta proporciona una red de transporte a cualquier persona a través de una aplicación móvil, poniendo en contacto a usuarios y conductores para que cierren entre ellos desplazamientos en carretera a cambio de una contraprestación económica. Así, a través del alta en esta app, demandantes de transporte y ofertantes se ponen en contacto a través de un sistema de notificaciones y de geolocalización.

Uno de los problemas que se plantean es que las tarifas que ofrece Uber suelen ser inferiores a las que manejan, por ejemplo, los taxistas, que tienen que hacer frente al pago de unas licencias que los usuarios de Uber no pagaban en España. Por ello, la fórmula con la que operaba Uber en nuestro país antes de ser ilegalizada chocaba con un muro importante: el de la competencia desleal.

El veredicto de los jueces fue claro desde el principio: en aquel momento, los conductores contratados no contaban con autorización administrativa alguna para desarrollar su actividad, de forma que ésta suponía competencia desleal. Es más, el propio juez que prohibió a Uber operar en España dejó claro en su sentencia que no se trata de una cuestión de “debate filosófico” sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino «una protección cautelar basada en la legalidad vigente».

Profesionalización de la actividad

Tras esa salida forzada de la plataforma de transporte, su vuelta a España trae de la mano cambios internos que podrían determinar la legalidad de su actividad: los conductores que ofrezcan sus servicios en Uber tendrán que contar con licencia VTC, es decir, deberán ser conductores autorizados para transportar pasajeros, un requisito que antes no se les exigía. Si bien con ello se soluciona parte del problema, también es cierto que estas licencias son diferentes a las que utilizan los taxistas (y mucho más baratas). Ello permite que siga existiendo una diferencia de precio entre taxis y Uber bastante significativa, aunque los miembros de Uber tienen algunas limitaciones propias de su tipo de licencia, como no poder recoger a clientes en aeropuertos.

Además, quienes ofrezcan sus servicios a través de Uber tendrán que figurar como trabajadores autónomos y tributar, por tanto, por su actividad, lo que reduce los interrogantes relativos a la ausencia de pago de impuestos por este tipo de actividades. Y es que desde Europa –y también desde España- preocupa, más que la competencia desleal, el hecho de que este tipo de plataformas puedan eludir el pago de impuestos por no encontrarse regladas estas actividades.

En cuanto a la competencia desleal, la propia UE se ha mostrado a favor de la entrada de nuevas formas de negocio, y ello por encima del hecho de que éstas puedan acabar con las más obsoletas, como el taxi. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, ya rompió en su día una lanza a favor de la economía colaborativa, asegurando que “si diseñas un sistema alrededor de quien lo produce en lugar de quien lo consume eso significa más y más normas y leyes, que quedan anticuadas en seguida y se convierten en un privilegio de los grupos que mejor actividad de lobby hicieron cuando se aprobó la ley”.

Otras empresas de corte similar, como Blablacar, parecen contar con el beneplácito de los tribunales frente a sus detractores, como la patronal de transporte de viajeros por carretera (Confebus), dado que quien ofrece su coche no se lucra con ello, sino que sencillamente reparte gastos. Así, la existencia o no de ánimo de lucro marcaría la línea entre lo que debe y no debe tributar como actividad económica y lo que debe o no estar sujeto a licencia administrativa.

En el caso de Blablacar, es esa ausencia de ánimo de lucro la que ha llevado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid –el mismo que trató el caso de Uber e ilegalizó esta plataforma en España- a desestimar la petición de suspensión cautelar de Blablacar. La aplicación, que cuenta con 2,5 millones de usuarios en toda España, sigue operando normalmente hasta que los tribunales juzguen sobre el fondo del asunto, en un proceso que puede demorarse durante varios años.

De momento, el juez estima que no se justifica la adopción de medidas cautelares porque no se ha probado por la acusación (Confebus) que existiera un peligro real e inminente de que la actividad de BlaBlaCar suponga un daño irreparable para el sector de transporte de viajeros al que representa mientras se juzga el fondo del asunto.

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