Los juzgados vascos, desbordados al presentar los abogados numerosas demandas para evitar el pago de tasas judiciales

Los juzgados vascos, desbordados al presentar los abogados numerosas demandas para evitar el pago de tasas judiciales

Los Juzgados vascos se han visto «desbordados» durante la jornada de este miércoles, al presentar los abogados numerosas demandas para evitar el pago de las nuevas tasas judiciales, al entrar en vigor este jueves la Ley que las establece. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la nueva Ley de Tasas Judiciales que contempla el pago de tasas fijas por el ciudadano de entre 150 y 1.200 euros en el orden jurisdiccional civil. De esta forma, la tasa para un concurso necesario será de 200 euros, mientras que una apelación costará 800 euros.

En la Jurisdicción contencioso-administrativa, las cantidades oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado a los 1.200 euros de una casación, mientras que en el orden social la suplicación supondrá el pago de una tasa de 500 euros y la casación de 750. A estas tasas, se añadirán otras variables que serán del 0,5% para los pleitos cuyo importe económico llegue al millón de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo variable de 10.000 euros.

La publicación de la Ley en el BOE ha provocado que, en las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma Vasca, abogados y procuradores hayan hecho cola en las sedes judiciales para presentar las demandas con el fin de que no se les aplique estas tasas, que sí se les cobraría a partir de mañana.

Abogados, procuradores, magistrados, jueves y fiscales que ejercen en la Comunidad Autónoma Vasca han expresado, en numerosas ocasiones, su rechazo a la Ley de Tasas que, a su juicio, supone establecer «una Justicia para ricos y otra para pobres».

Representantes de estos colectivos se concentraron el pasado 12 de noviembre ante el Palacio de Justicia de Bilbao, convocados por el Colegio de Abogados de Vizcaya, bajo el lema «Justicia para todos» para protestar contra esta Ley, al considerar que «es una vía para recaudar impuestos y no para defender al ciudadano». Además, creen que, con la nueva normativa, se cometerán «grandes injusticias».

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