Paraisos fiscales y despachos de abogados: ¿Cómo funciona el fraude a Hacienda?

Paraisos fiscales y despachos de abogados: ¿Cómo funciona el fraude a Hacienda?

Los llamados ‘Papeles de Panamá’ o ‘Panama Papers’ prometen generar más de un escollo para los bufetes españoles, donde la Justicia se encuentra con nueva documentación suficiente como para actuar de oficio y procesar a despachos de abogados en los que se han llevado a cabo prácticas ilícitas. Hablamos de la creación y utilización de sociedades instrumentales domiciliadas en el extranjero y de facilitar a los clientes otras sociedades constituidas en España con los mismos fines instrumentales: ocultar la identidad real sobre determinadas rentas y patrimonios para obtener ventajas fiscales y evadir el pago de impuestos. Uno de los bufetes a los que ha tocado la filtración de la actividad de Mossack Fonseca es Pretus. Su fundador, Gabriel Pretus, aparece como intermediario de 15 sociedades radicadas en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, la mayoría de ellas aún activas.

Hace ya un año se conoció la sentencia que puso fin al proceso iniciado en 2005 contra varios socios del despacho –de tradición familiar-, en relación con varios delitos de fraude fiscal cometidos personalmente por sus miembros y por dos de sus principales clientes, accionistas de Burberry Spain, S.A. A día de hoy, y aunque varios de sus socios hayan sido procesados y ahora condenados por evadir y ayudar a otros a evadir impuestos -simulando su residencia fiscal en el extranjero y con varias sociedades pantalla en Panamá–, lo cierto es que ello no ha impedido la supervivencia de la firma. Pretus ya no lleva los asuntos de las grandes fortunas y empresas de antaño, pero sigue viva con un despacho en la calle Mallorca de Barcelona, justo enfrente del Col·legi d’Advocats, y se dedica al asesoramiento fiscal.

Condenas por delito fiscal

La sentencia condena de conformidad por delitos contra la Hacienda Pública a tres socios miembros del bufete de abogados Pretus, así como a dos de sus principales clientes, accionistas de Burberry Spain. En el caso del expresidente de Burberry España, Eugenio Mora, éste no esperó a que la Audiencia Nacional decidiera si era culpable o inocente y optó, junto con su exesposa Carmen Uriach, por reconocer los hechos y pactar con la Fiscalía y Abogacía del Estado.

En el caso del primero, asumió el pago de más de 31 millones de euros entre multas e indemnizaciones a Hacienda, con la condición de no ingresar en prisión. En su sentencia, la Audiencia Nacional recogió el pacto acordado: ocho delitos fiscales y una condena de dos años de prisión, que fue sustituida por el pago de 72.000 euros, además de 12 millones de euros en multas y 19 millones de euros en indemnizaciones a Hacienda. En el caso de su exesposa, se la hizo responsable de seis delitos fiscales, condenándola a dos años de cárcel y el pago de nueve millones de euros. Sin embargo, en su caso no se sustituyó la prisión por una multa económica.

En cuanto a los miembros del bufete Petrus, los condenados son Gabriel, Francisco y Diego Petrus, igualmente por delitos fiscales, así como por facilitar las maniobras de elusión fuscal a sus clientes.

Además, la sentencia recoge que el principal cliente del despacho durante años fue Burberry España (representando más del 90 por ciento de su facturación durante cinco años). Posteriormente, a partir del año 2000, la facturación del despacho pasó a concentrarse progresivamente en las entidades Damm y Disa Corporación Petrolíferas, controladas por Demetrio Carceller Coll. Entre los clientes de este bufete también se hallan, según la sentencia, Duques de Bergara S.A. y Promotra Kasde, entidad propietaria de la cadena de hoteles Catalonia.

Una práctica habitual

La sentencia hace así referencia a prácticas que se han llevado a cabo durante años –y que siguen produciéndose- en el marco de algunos despachos de abogados en todo el mundo, poniendo el foco en la planificación fiscal agresiva y en prácticas que pueden considerarse ilícita por traspasar el umbral de la simple elusión fiscal. La práctica consiste en poseer sociedades radicadas en paraísos fiscales, territorios de baja tributación o países sin convenio para evitar la doble imposición con España (como Funchal, San José de Costa Rica o Panamá), facilitando las maniobras de elusión fiscal de los titulares de rentas y patrimonios.

También ha sido común ofrecer a los clientes la constitución de esas sociedades, a través de una conexión de servicios con otras organizaciones o despachos situados fuera de España. Así se crean entramados de constitución, administración y suministro de accionistas nomenees o accionistas fiduiciarios, que son personas o entidades que figuran como tenedoras de los títulos o acciones de una sociedad offshore en lugar de su propietario real, lo que permite a este permanecer en el anonimato.

El objetivo de defraudación a Hacienda se basa, de este modo, en colocar el patrimonio de los clientes en sociedades, residentes o no, participadas por otras, y éstas a su vez por otras, constituidas en jurisdicciones diversas, y así sucesivamente, de manera que al final de la cadena se colocan sociedades que el cliente controla de forma opaca, bien porque su capital está representado por acciones al portador, bien porque éstas son nominativas pero endosadas en blanco por los accionistas nominees suscriptores o bien mediante declaraciones de fiducia de los tenedores formales a favor de los reales propietarios.

Estas estructuras societarias son diseñadas de manera que las rentas que puedan producir los patrimonios que detentan no tributen ni en España ni en los territorios en los que se residencian las distintas entidades que formaban parte de ésta. También se crean sociedades instrumentales domiciliadas en España con idénticos fines: ocultar su titularidad real, simulando el traslado de la residencia de algunos clientes a otras jurisdicciones fiscales. Con ello se pretende que, en el caso de que llegue a descubrirse quién es el propietario real de los bienes cuya titularidad se esconde detrás de la estructura fiduciaria, la Administración Tributaria tenga que probar la tributación en España por obligación personal, es decir, por la totalidad de su renta, con independencia del territorio en el que se hubiera generado.

Esta simulación de domicilio conlleva acciones como la adquisición o arrendamiento de una vivienda en el extranjero, simular mudanzas, aparentar alquileres a terceros de la que era su vivienda habitual en España, alquilar apartados de correos a los que se dirigir la correspondencia, usar tarjetas de crédito a cargar en cuentas abiertas en el extranjero, etc.

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