Cae la retribución del abogado del Turno de Oficio, según el IX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita

La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio se encuentra en alrededor de 125 euros por expediente, cantidad que en los últimos años ha descendido o se mantiene congelada, en algunos casos, desde 2003. Así lo recoge el IX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española-La Ley, lo que supone que «un abogado de oficio percibe netos 2 euros por hora trabajada». A ello se suma que la inversión media por ciudadano en Asistencia Jurídica Gratuita es de 4,81 euros por año.

El informe, que se presentó el pasado 9 de julio –coincidiendo con los días previos al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, celebrado el pasado domingo 12 de julio-, también pone de manifiesto que durante 2014 se produjo un «leve incremento» de la inversión en el servicio del 1,5% con respecto a 2013, tras cuatro años consecutivos de reducciones. En concreto, en los últimos cinco años cayó casi un 15%, desde los 266,6 millones de euros invertidos en 2009 hasta los 226,9 millones de 2014.

Además, según el estudio, la mayor parte de la inversión en Justicia Gratuita ha sido para el Turno de Oficio -en el que están adscritos más de 42.700 abogados en España- con 155,4 millones de euros, el 68,5% del total de gastos. Dentro de este servicio, Penal es la jurisdicción con mayor inversión, 85,7 millones de euros y el 55% del total. A continuación se encuentran Civil con 46,7 millones de euros (30%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (4%) y Social con 3,6 millones y el 2% del total de gastos en Turno.

En segundo lugar se encuentra el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido con unas certificaciones en 2014 de 43,3 millones de euros (19,1%), mientras que los Gastos de Infraestructura representan el 9,1% del total de inversión con 20,7 millones de euros.

Además, el estudio de la Abogacía desglosa el gasto por comunidades autónomas y, en este sentido, Cataluña es, un año más, la que más invierte en Justicia Gratuita, con 53,7 millones de euros, seguida de Andalucía con 36,9 millones de euros y Madrid con 31,6 millones. De este modo, el Observatorio explica que estas tres comunidades autónomas suponen casi el 54 por ciento del total del gasto a nivel de todo el Estado, un nivel acorde a su población.

Un mayor uso del expediente electrónico

Otro de los datos reflejados en el estudio es que sigue creciendo el uso por parte de los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, un sistema que facilita al ciudadano el acceso a la Justicia Gratuita, al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación hasta en 24 horas. Con ello se evitan desplazamientos y esperas en las ventanillas de cada uno de los organismos de las Administraciones competentes. Según la Abogacía, en 2014 se tramitaron más de 627.000 solicitudes con esta herramienta, lo que supone un incremento superior al 11 por ciento con respecto a 2013.

Por último, el estudio expone que los 83 colegios de abogados atendieron en 2014 más de 1.765.000 asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque cada uno de los más de 767.000 expedientes de ciudadanos tramitados por los colegios de abogados «ha podido generar varios asuntos debido a la presentación de incidentes procesales, generación de nuevos procedimientos, interposición de recursos… que conllevan un derecho de cobro para el abogado».

Reforma de “dudosa licitud”

La Abogacía Española aprovecha además la publicación de conforme para lanzar un dardo contra el Legislador. Su presidente, Carlos Carnicer, critica en la introducción al estudio que “cuando se publique este nuevo Informe es previsible —no lo deseamos— que las Cortes Generales estén debatiendo, en período extraordinario de sesiones, las enmiendas introducidas a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, incorporadas, no sabemos por quién, dentro del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil”. Sobre esta posibilidad, aseguró que se trata de “una técnica legislativa de dudosa licitud que permite hacer algunos ‘ajustes’ que el Ministerio estima necesarios y que había prometido debatir y consensuar con la Abogacía en el trámite parlamentario”.

Además, Carnicer aseguró que “ni los retrasos en el pago por parte de algunas comunidades autónomas —algunas se han puesto al día, o casi, curiosamente en vísperas electorales, aunque otras ni siquiera lo han hecho en estas circunstancias- ni el mantenimiento de baremos que llevan más de diez años sin tocarse o que, incluso se han reducido, han provocado un descenso en la calidad del servicio”.