La justicia sale mal parada de la crisis

Durante los últimos años de la crisis económica que ha asolado Europa -incluyendo por supuesto a España-, no han sido pocas las partidas presupuestarias recortadas de nuestro Estado del bienestar. La sanidad, la educación o los servicios sociales han sufrido los ajustes llevados a cabo por el Gobierno, en cumplimiento de la difícil misión de equilibrar el déficit y satisfacer las demandas que se hacían desde Europa.

En esta línea, el sistema judicial no ha sido una excepción, situándose como uno de los principales focos de recortes presupuestarios. El gasto medio por habitante se redujo en España de 91 euros en el año 2012 a 88 euros en el 2014, constituyendo una rebaja presupuestaria del 2,8% -por otra parte, menor que la de otros países como Italia (3,4%), Bélgica (11,78%) o Portugal (14,83%)-.

La mitad de jueces que la media europea

De esta manera, España ha llegado a situarse como el país con una mayor desproporción con respecto a la media europea en número de jueces y fiscales -no así de abogados, donde contamos con 291 por cada 100.000 habitantes, frente a los 149 del resto de países europeos-.

Según los datos del informe 2016 de la Comisión Europa para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), que analizó los sistemas judiciales de 45 países europeos durante el año 2014, España cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en 21 por el mismo número de habitantes. Una desproporción que también afecta a los fiscales, contando con 5 por cada 100.000 habitantes frente a los 11 de media en el resto de Europa.

Los recortes presupuestarios han sido llevados a cabo de diferente manera en cada país, apoyando el peso del mismo en otras partidas de ingreso. Por ejemplo, las polémicas tasas judiciales -recientemente declaradas inconstitucionales por nuestro Tribunal Constitucional- han supuesto el 20% del presupuesto asignado al sistema judicial de una cuarta parte de los Estados europeos.

Las nuevas tecnologías como alternativa forzada

Frente a este panorama, el citado informe recoge unas expectativas tendentes a la continua reducción de juzgados y tribunales. El futuro de la justicia se vislumbra hacia una mayor concentración de casos en determinados tribunales que deberán aumentar su tamaño y especializarse en materias concretas.

En esta línea, los sistemas judiciales del futuro pasan necesariamente por la aplicación y adaptación a las nuevas tecnologías que ya vivimos hoy en día, aplicando cada vez más procedimientos online en diferentes procesos de reclamaciones y demás, facilitando así el acceso a la justicia a todas las capas de la población.